Los impuestos pagados por ciudadanos al Ministerio de Interior y Policía, durante la gestión de Franklin Almeyda, por concepto legalizaron de armas de fuego, fueron repartidos en incentivos y sobresueldos entre los principales funcionarios, según detectó una auditoría llevada a cabo por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
Fuente: acento.com.do
SANTO DOMINGO, República
Dominicana (Julián Herrera/Acento.com.do).-.-Los impuestos pagados por
ciudadanos al Ministerio de Interior y Policía, durante la gestión de Franklin
Almeyda, por concepto legalización de armas de fuego, fueron repartidos en
incentivos y sobresueldos entre los principales funcionarios, según detectó una
auditoría llevada a cabo por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
La institución recaudó en
2008, fecha de la auditoria, la suma de RD$ 460 millones 327 mil 679, por emisión, renovación, traspaso, legalización y
cancelación de licencia para porte y tenencia de armas de fuego, así como por
permisos y certificaciones emitidos por la institución.
A pesar del dispendio de
recursos públicos detectado en el Ministerio de Interior y Policía, el informe
no forma parte de las 68 auditorías enviadas por la Cámara de Cuentas a la
Procuraduría General de la República.
Los auditores detectaron
que los funcionarios beneficiados recibieron ingresos salariales superiores al
sueldo base, sin la autorización de Ministerio de Administración Pública.
Otros 54 funcionarios y
empleados recibían incentivos y sobresueldos de hasta de 900 mil pesos anuales,
con dinero de los fondos propios dejados de reportar al Tesoro Nacional, en
franca violación a la ley
La institución realizó
desembolsos por servicios prestados, especiales, incentivos y sobresueldos por
la suma de 460 millones de pesos, aplicando un incremento en los incentivos de
los funcionarios hasta de un 150 por ciento sobre su sueldo base.
Los aumentos se
aplicaron, según la CC, en varias
nóminas de la institución a funcionarios y otros servidores con cargos
diferentes, sobre todo a los subsecretarios y
personal administrativo de la dirección ejecutiva de Interior y Policía.
La Cámara de Cuentas
critica que los fondos no fueron depositados en la Cuenta Única del Tesoro
ni registrados en el presupuesto de la
institución, como manda la ley de la Tesorería Nacional y la Contraloría General de la República.
La circular 05 de la
Contraloría General de la República establece: “Se prohíbe pagar nómina de sueldo (servicios
personales) por los fondos propios
(extra presupuestarios) tal y como se
consigna en el Artículo 25, Capítulo VI del reglamento del Fondo en Avance y
Reponibles”.
Funcionarios que cobran
dos sueldos
Entre los funcionarios
que aparecen en dos nóminas figuran Juan
Francisco Mañón Vargas, designado como encargado de presupuesto con
salario de 35 mil pesos mensuales, y aparece con otro 70 mil como instructor
analista de presupuesto de la misma entidad.
Asimismo, revela la auditoria que la subsecretaria
Yadira Peña Suárez tenía un sueldo base
60 mil pesos, pero recibía 70 como coordinadora de proyectos.
El subsecretario Roberto
Lamarche Cruz devengaba un salario de 60 mil pesos mensuales, y además se
desempañaba como capacitador del programa de seguridad, por el cual
recibía otro 60 mil pesos.
También figuraba el
subsecretario Guerin Medina, con 60 mil
pesos de sueldo y otro 50 mil como
Director de Operaciones.
Asimismo, aparece una
persona descrita como asistente de Franklin Almeyda, que recibía un salario de
35 mil pesos, más un sobresueldo de 70 mil pesos.
La señora Rita Mendoza
Taveras, gerente financiera devengaba un salario de 49 mil, pero recibía adicionales por 81 mil, como instructora financiera de la
misma institución.
Asimismo, destaca el
informe que Henry Rodríguez Castellanos recibía de sueldo 60 mil pesos, por sus
funciones como subsecretario de Estado, y otros 50 mil como director general
del programa “COBA”.
Otros 54 funcionarios y
empleados recibían incentivos y sobresueldos de hasta de 900 mil pesos anuales,
con dinero de los fondos propios dejados de reportar al Tesoro Nacional, en
franca violación a la ley.
La Ley de Función Pública
41-08 en su Artículo 80 establece:
“La aceptación de un
segundo cargo público incompatible con el que se está ejerciendo, supone la
renuncia automática del primero sin desmedro de las responsabilidad que
corresponda.”
Conclusiones de la CC
En sus conclusiones
generales la Cámara de Cuentas recomienda a las autoridades del
ministerio, instruir a la dirección
financiera para que incluya en el
presupuesto de la entidad el monto de los ingresos originados de actividades propias.
Además, recomienda
solicitar a la secretaría de Estado de Administración Pública (actual
Ministerio de Administración), el estudio y racionalidad de la estructura
salarial de la entidad, de manera que pueda unificar y transparentar el salario
de sus servidores.
